La Carta de los Lobistas

El gobierno de los Estados Unidos de América y la Comisión Europea

Como parte de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

Por la presente se compromete a otorgar a los grupos de presión de la industria los siguientes poderes para limitar la toma democrática de decisiones ahora y en el futuro:

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*Las empresas pueden impugnar legalmente cualquier decisión que haya sido tomada o planeada por nuestros gobiernos democráticamente elegidos. (más)

Actualmente, ciudadanos y empresas de la UE y de los EEUU pueden demandar a sus gobiernos ante los tribunales locales. No obstante, si se aprueban las propuestas actuales de la UE, la ATCI incluirá cláusulas sobre la Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE). Estas cláusulas proporcionarán derechos adicionales a inversores extranjeros (multinacionales), derechos que los ciudadanos no tienen.

La UE y los EEUU otorgarán dichos derechos a las empresas, teniendo pleno conocimiento de que las interpretaciones de los tribunales sobre los derechos de la RCIE son cada vez más amplias. Ahora incluyen incluso expectativas de beneficios futuros. La RCIE le da derecho a las compañías multinacionales a demandar a los estados ante tribunales especiales (estos tribunales están al margen de todo sistema judicial nacional) si los cambios legislativos podrían reducir los beneficios que esperaban. Las empresas multinacionales pueden usar la RCIE para impugnar leyes de protección ambiental, políticas de sanidad y privacidad y la reforma de los derechos de autor y del derecho de patentes.

La Comisión Europea y el Consejo Europeo quieren que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o ZOLCOTA) tenga amplias e imprecisas protecciones: "el capítulo sobre la protección de las inversiones, incluyendo derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto si la inversión se lleva a cabo antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo." (Consejo de la UE, 2013)(.doc file) No cabe ninguna justificación jurídica, práctica, financiera o administrativa para incluir dichas protecciones en un acuerdo entre la UE y los EEUU.

*Las empresas no tienen que preocuparse acerca de las garantías institucionales de independencia. (más)

Las multinacionales ya no tendrán que utilizar el sistema judicial local; pueden recurrir al arbitraje. Las empresas tienen una influencia del 50% en la constitución de los tribunales. Pueden seleccionar uno de los tres árbitros; los dos árbitros juntos nombran al tercero. Los árbitros tienen gran poder; este poder está desprovisto de garantías institucionales convencionales de independencia, como la antigüedad, la prohibición de remuneración externa del árbitro o el nombramiento neutro de los árbitros. Los árbitros con ánimo de lucro son remunerados con al menos 3000 dólares americanos por día. Esto crea incentivos perversos: aceptar casos insustanciales, dejar casos pendientes, permitir que la única parte que pueda iniciar un procedimiento gane para fomentar que haya más casos o agradar al funcionario que pueda nombrar árbitros. El nombramiento de los árbitros no es neutral; da una ventaja injusta a los EEUU. Los EEUU nunca han perdido un caso de RCIE. Los tribunales están localizados fuera y por encima del sistema judicial local; son los últimos intérpretes de las normas protectoras de las inversiones.

*Las empresas tendrán el derecho de reclamar una compensación íntegra, incluyendo la pérdida de beneficios e intereses; la amenaza de dichos daños tiene un efecto amedrentador en las normas. (más)

Los daños que se demandan en arbitraje internacional son muy altos. Por ejemplo, después del desastre nuclear en Japón, el gobierno alemán decidió cerrar dos reactores nucleares. La compañía sueca Vattenfall ahora reclama 3,7 billones de euros usando una resolución de conflictos entre inversores y estados.
Amenazando con que la RCIE tiene un efecto amedrentador, “Es una herramienta lobista en el sentido de que uno puede ir y decir, ‘Ok, si haces esto, te demandamos por daños.’ Sí cambia el comportamiento en ciertos casos”, dijo Peter Kirby del despacho de abogados Fasken Martineau sobre los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales.

*Los tribunales pueden emplear árbitros (es decir, los “jueces” de los tribunales) que a su vez trabajen para las empresas que sean parte en cualquier asunto que los árbitros estén decidiendo. (más)

La RCIE no dispone de garantías institucionales convencionales de independencia; hay incentivos perversos y los EEUU cuentan con una ventaja injusta. Como cabía esperar, el arbitraje internacional está plagado de conflictos de intereses. La Comisión Europea no quiere resolver deficiencias sistemáticas, sino que sólo persigue añadir un código de conducta en el futuro, en algún momento – si para entonces las otras partes todavía están de acuerdo.

*Las empresas tendrán derecho a reclamar grandes gastos legales por parte de los contribuyentes cuando ganen sus casos. (más)

La media de los costes legales en conflictos entre inversores y Estados es mayor a 8 millones de US$, excediendo los 30 millones de US$ en algunos casos; la parte que gana el caso no siempre ve sus gastos compensados. Bulgaria fue obligada a pagar 6.243.357 US$ en costas legales tras haber ganado un caso que presuntamente envolvía actividad fraudulenta por parte de la empresa que estaba demandando al país (Plama Consortium c. Bulgaria). Ahora, la Comisión Europea propone que el tribunal ordene que los costes del arbitraje deban ser sufragados por la parte que pierda el proceso, pero el tribunal puede apartarse de esta regla en “circunstancias excepcionales”.



*Las empresas pueden demandar - o incrementar la presión lobista si amenazan con demandar a - nuestros gobiernos democráticamente elegidos si la legislación aprobada o que se pretende aprobar socava, o se entiende que potencialmente socavará, expectativas de negocio en lo que respecta al valor de su información, acciones, beneficios, margen de beneficio, marca, patente, copyright u otros activos comprehendidos. (más)

Con anterioridad señalamos que la Comisión europea y el Consejo quieren protecciones al inversor en el tratado con los EEUU, incluyendo derechos de propiedad industrial e intelectual.
Canadá realizó unos ajustes mínimos a su sistema de patentes para asegurar un mejor acceso a la medicina. Para "compensarla" por la posible reducción de beneficios que esta reforma puede costarle, la compañía farmacéutica de los Estados Unidos, Eli Lilly ahora reclama 500 millones de dólares en arbitraje por RCIE.

*Las empresas pueden demandar a nuestros gobiernos democráticamente electos por pérdida de beneficios que surjan de castigos legítimos impuestos por tribunales nacionales en base a reglas democráticamente aprobadas. Tal derecho no se le otorga ni se le otorgará a nuestros ciudadanos. (más)

Las cláusulas de RCIE proporcionan derechos extra a las multinacionales , por encima de las protecciones locales. Un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron que pagase 18 billones de $US para limpiar la contaminación relacionada con explotaciones petrolíferas en la selva amazónica. Chevron está impugnando esta sentencia usando la resolución de conflictos entre inversores y Estados.

*Las empresas podrán vender sus asuntos legales a fondos de capital riesgo, a pesar de que esto pueda aumentar el número de casos especulativos e infundados contra nuestros gobiernos. (más)

Ver CEO y TNI, 2012, Capítulo 5, Especulando en la injusticia: Inversiones de terceros en conflictos relativos a la inversión.

*Los tribunales arbitrales pueden anular las sentencias de nuestros tribunales supremos. (más)

Los Tribunales arbitrales se encuentran fuera y por encima del sistema judicial local, por encima de nuestros tribunales supremos, cuyo trabajo es defender las disposiciones fundamentales de nuestros estados soberanos. Australia introdujo advertencias sanitarias en los embalajes del tabaco. La tabacalera Philip Morris alegó que sus marcas perdieron valor, y demandó a Australia ante los tribunales locales. Philip Morris perdió los casos ante los tribunales nacionales y por ello inició un caso de RCIE. Los tribunales de RCIE podrán revisar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

*Las empresas podrán recurrir al RCIE por siempre. (más)

La Comisión Europea y el Consejo de la UE quieren incluir la RCIE en acuerdos comerciales, del que será casi imposible retirarse. Esto creará una situación sin salida alguna.

*Por la presente el gobierno se compromete a crear precedentes para esta Carta de los Lobistas en otros tratados. (más)

La Comisión Europea y el Consejo de la UE quieren incluir la RCIE en los próximos tratados comerciales y de inversión.

Los Estados Miembros de la UE firmaron muchos tratados bilaterales en los que se incluyen cláusulas de resolución de conflictos entre Inversores y Estados, pero desde el Tratado de Lisboa, la UE adquirió la competencia. A partir de ahora, la Comisión Europea negociará y el Parlamento Europeo y los Estados Miembros tendrán un veto. El Parlamento Europeo es crítico con la RCIE. Como el Parlamento europeo está ahora involucrado, tenemos una oportunidad única para reformar las protecciones de los inversores.

Los EEUU han firmado muchos tratados que contienen cláusulas de resolución de conflicto entre inversores y Estados. Asimismo, desean incluir protecciones al inversor en el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTP) que se está negociando actualmente.

La Comisión Europea está apoyando esta postura aunque la RCIE no incluya garantías institucionales de independencia, haya incentivos perversos y los EEUU cuenten con una ventaja injusta. Los EEUU nunca perdieron un caso de RCIE. - ¡la Comisión Europea está promoviendo los intereses de las empresas de los EEUU sobre los de los ciudadanos europeos y de las empresas europeas!

Para más información acerca de la magnitud y el aumento de los problemas descritos anteriormente, vea "El número de controversias internacionales relativas a las inversiones se multiplicó en 2012 " por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el 10 de Abril de 2013

Este documento fue preparado por European Digital Rights, que contó con la aportación de expertos del Transnational Institute